La crisis de los opioides, una de las más graves de las últimas décadas, tiene como epicentro a Estados Unidos, aunque sus efectos han traspasado las fronteras, afectando también a países como México.
Esta epidemia de adicción y muertes por sobredosis se originó en la prescripción masiva e indiscriminada de medicamentos altamente adictivos, promovidos por la industria farmacéutica bajo el argumento de tratar eficazmente el dolor.
Aunque estos fármacos fueron aprobados por organismos regulatorios, con el tiempo se evidenció que sus riesgos eran mayores de lo comunicado inicialmente. Lo que comenzó como una solución para aliviar el sufrimiento humano, se transformó en una tragedia de salud pública, caracterizada por cifras escalofriantes de dependencia, ruina familiar y pérdida de vidas humanas.
El negocio de anestesiar el sufrimiento
Opioides como la morfina, la heroína, el fentanilo y especialmente el OxyContin se popularizaron en los consultorios médicos de Estados Unidos a partir de los años noventa.
Estos medicamentos, que interfieren con los receptores del cerebro para bloquear el dolor, generan también una sensación de bienestar que los vuelve particularmente adictivos. El consumo frecuente, incluso bajo prescripción médica, conduce rápidamente a la dependencia.
En 2012, se emitieron más de 255 millones de recetas de opioides, una cifra que implica que, estadísticamente, por cada 100 habitantes se emitieron 81 recetas. Esto refleja una medicalización excesiva del dolor, influenciada por intereses económicos más que por criterios de salud.
Muerte masiva por prescripción médica
La adicción a los opioides pronto se tradujo en una crisis de sobredosis. En Estados Unidos, entre las personas de 18 a 45 años, las muertes por drogas superaron incluso a los accidentes de tráfico, siendo los opioides responsables del 75% de estas muertes.
En 2017, el gobierno federal reconoció oficialmente la magnitud del problema y declaró una emergencia nacional de salud pública. Desde entonces, el fentanilo se ha convertido en la principal causa de fallecimientos por sobredosis, sustituyendo al OxyContin en el tráfico ilegal.
Esta transición no solo incrementó el peligro, sino que difuminó las fronteras entre la farmacología legal y el crimen organizado.
Purdue Pharma: del laxante a la adicción masiva
Purdue Pharma fue fundada a finales del siglo XIX por tres hermanos psiquiatras. Durante muchas décadas comercializó productos inofensivos como laxantes o soluciones para limpieza ótica.
Sin embargo, en 1995, lanzó el OxyContin, un potente opioide que supuestamente no causaba adicción gracias a su tecnología de liberación prolongada. Esta afirmación, a pesar de la evidencia contraria, fue avalada por la FDA.
El medicamento se comenzó a recetar masivamente para dolores menores, generando ingresos multimillonarios. En solo seis años, las ventas superaron los 1,600 millones de dólares y, para 2010, alcanzaron los 3,000 millones. Este crecimiento exponencial marcó el inicio de la epidemia de adicción.
McKinsey y la estrategia del “Plan Turbo”
Para sostener su crecimiento, Purdue recurrió a la consultora McKinsey & Company entre 2004 y 2019. Esta alianza resultó clave para maximizar la distribución del OxyContin.
McKinsey diseñó el “Plan Turbo”, una estrategia que consistía en incentivar agresivamente a los vendedores de Purdue, quienes a su vez persuadían a los médicos para que recetaran más opioides.
El enfoque era claro: concentrar esfuerzos en los “superprescriptores”, doctores que emitían hasta 25 veces más recetas que el promedio. Se les premiaba con beneficios económicos y reconocimiento público, alimentando una competencia que priorizaba las ganancias sobre la salud del paciente.
Corrupción disfrazada de marketing médico
El modelo de ventas adoptado por Purdue y otras farmacéuticas incluyó prácticas de ética cuestionable. De 2013 a 2015, se documentaron pagos por más de 46 millones de dólares a 68,000 médicos estadounidenses, en forma de comidas lujosas, viajes y comisiones veladas.
La estrategia buscaba consolidar una red de prescriptores leales que mantuviera la demanda de opioides. Esta red fue fundamental para perpetuar la crisis. Mientras tanto, los Sackler, propietarios de Purdue, se enriquecían.
En 2016, la revista Forbes estimó su fortuna en 13,000 millones de dólares. Su riqueza se construyó sobre las ruinas de miles de vidas.
Fentanilo: la nueva cara de la tragedia
Con el endurecimiento de regulaciones sobre el OxyContin, el fentanilo ocupó su lugar como droga de elección. Este opioide sintético es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina.
Bastan 2 miligramos para provocar un paro cardíaco. Su producción es barata y fácil de replicar en laboratorios clandestinos, muchos de ellos ubicados en México. En 2022, la DEA incautó 379 millones de dosis letales, lo suficiente para matar a toda la población de Estados Unidos.
La crisis del fentanilo es hoy uno de los principales retos de salud y seguridad en Norteamérica.
Reguladores ciegos o cómplices
La Food and Drug Administration (FDA), encargada de aprobar medicamentos en EE.UU., fue duramente criticada por su inacción. A pesar de conocer los riesgos, permitió que Purdue aumentara progresivamente la potencia del OxyContin.
Algunos analistas argumentan que la FDA estaba rebasada burocráticamente, mientras que otros sostienen que existían conflictos de interés. En comparación, autoridades como Cofepris en México son percibidas como más rigurosas.
Este caso pone en tela de juicio la independencia y eficacia de los organismos que deberían proteger a la población.
Los Sackler: multimillonarios con nombre y apellido
El caso de los Sackler destaca por su personalización del poder corporativo. A diferencia de otras crisis empresariales donde la responsabilidad se diluye en la entidad, aquí se identificó a una familia específica como promotora directa de la catástrofe.
Más de 500 ciudades estadounidenses han presentado demandas personales contra los Sackler. Antes de que Purdue se declarara en bancarrota en 2019, la familia retiró 11,000 millones de dólares de la compañía.
A pesar de los litigios, su fortuna y estatus social continúan intactos, generando indignación y cuestionamientos sobre la verdadera aplicación de la justicia.
Justicia suspendida, acuerdo anulado
En un giro relevante, la Corte Suprema de EE.UU. anuló en 2023 un acuerdo que eximía a los Sackler de futuras demandas. El tribunal argumentó que, aunque Purdue estuviera en quiebra, los miembros de la familia seguían siendo inmensamente ricos y responsables de la crisis.
El acuerdo original estipulaba una compensación de 6,000 millones de dólares, pero protegía a los Sackler de nuevas acciones legales. Esta decisión judicial reabre la posibilidad de exigir consecuencias penales y financieras más proporcionales al daño causado, y plantea un precedente importante para futuros casos similares.
McKinsey: pago sin confesión
Aunque McKinsey nunca admitió formalmente su responsabilidad, realizó pagos que suman 830 millones de dólares en acuerdos extrajudiciales.
La consultora operó tan cerca de Purdue que, en ocasiones, resultaba indistinguible de la propia compañía. Sus consultores participaron en retiros corporativos organizados en propiedades de los Sackler, y sus estrategias de ventas fueron fundamentales para el éxito del OxyContin.
Aunque hoy afirma no involucrarse en el negocio de opioides, su papel en la crisis ha dejado una marca imborrable y plantea serias preguntas sobre los límites éticos de la consultoría empresarial.
La crisis de los opioides no fue un accidente inevitable, sino el resultado de una cadena de decisiones racionales, cómplices y negligentes.
Ejecutivos que priorizaron las ganancias sobre la salud, consultores que diseñaron estrategias sin escrúpulos, médicos que aceptaron incentivos y reguladores que miraron hacia otro lado.
Aunque ha habido avances legales, las preguntas fundamentales siguen abiertas: ¿se está haciendo justicia? ¿se está enviando el mensaje correcto a las futuras generaciones de empresarios y autoridades?
Miles de familias continúan esperando respuestas y, sobre todo, cambios reales que eviten que esta tragedia se repita.
10 consejos de negocio que se pueden extraer de la historia de Purdue Pharma
- La ética empresarial no debe negociarse por rentabilidad
El caso de Purdue demuestra que maximizar beneficios ignorando los efectos colaterales sobre la salud pública puede tener consecuencias devastadoras. Los negocios sostenibles se construyen con responsabilidad social, no con omisiones deliberadas. - La transparencia en la relación con reguladores es fundamental
Las prácticas cuestionables en la aprobación del OxyContin reflejan la importancia de mantener una separación clara entre el sector privado y los entes reguladores. Los conflictos de interés pueden erosionar la confianza institucional. - La innovación sin supervisión puede volverse peligrosa
Afirmar que un nuevo producto es revolucionario sin datos sólidos para respaldarlo es riesgoso. La verificación científica rigurosa debe ser el estándar mínimo para lanzar productos al mercado, especialmente en industrias sensibles como la farmacéutica. - La gestión del talento debe alinearse con valores corporativos
Empresas como McKinsey atraen a los profesionales más brillantes, pero deben garantizar que su talento se utilice de forma ética. El prestigio no puede justificar la complicidad en estrategias que afectan vidas humanas. - Los incentivos deben estructurarse con responsabilidad
Recompensar a doctores por recetar más opioides es un ejemplo de incentivos mal diseñados. Los programas de motivación comercial deben priorizar el bienestar del usuario final, no únicamente las métricas de ventas. - Cuidar la reputación corporativa exige más que marketing
Aunque Purdue y McKinsey intentaron justificar sus acciones con campañas y acuerdos económicos, su imagen sufrió daños irreparables. La reputación se construye con integridad, no con compensaciones posteriores. - Las crisis corporativas deben gestionarse con rendición de cuentas
El intento de los Sackler por blindarse legalmente mediante la bancarrota de Purdue refleja una estrategia evasiva. La justicia exige identificar a los responsables individuales, no solo a las entidades jurídicas. - El precedente legal influye en el comportamiento empresarial futuro
La decisión de la Corte Suprema de anular el acuerdo con los Sackler refuerza la idea de que los delitos corporativos deben tener consecuencias personales. Esto envía un mensaje disuasorio a otros actores del mercado. - Las consultoras deben definir claramente su rol y límites
Participar activamente en la definición de estrategias que aumentan el riesgo social sin asumir responsabilidad, como hizo McKinsey, cuestiona el propósito de la consultoría moderna. Es indispensable establecer marcos éticos internos. - El análisis crítico es clave en la toma de decisiones estratégicas
Este caso muestra que las decisiones empresariales no deben tomarse en aislamiento. Evaluar sus implicaciones legales, sociales y humanas es indispensable para evitar convertirse en un ejemplo negativo del mundo corporativo.